La vigilancia ciudadana es una forma de participación de las personas fiscalizando a las instituciones del Estado. Gracias a la Ley 23600 Ley de Participación y Control Ciudadano, es que en los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil vienen ejecutando el derecho a vigilar a las instituciones públicas. Algo que parecía un sueño para los ciudadanos y una pesadilla para las autoridades y funcionarios públicos.
Hasta hace unos años, nadie podía tener acceso a la información pública. Parecía que cada funcionario público era dueño de la información y de los documentos que los propios usuarios generaban. Cuántas veces escuché lamentarse a las personas que habían dejado sus expedientes en alguna institución pública y ésta después de hacerlas volver en reiteradas oportunidades, finalmente les decían que se habían perdido sus expedientes o documentos. No había a quien reclamar o quejarse y si se hacía, las cosas no cambiaban ni los empleados públicos recibían algún tipo de sanción por las pérdidas.
Algunas instituciones se caracterizaban por maltratar al usuario. Se tenía que hacer largas colas y al llegar a la ventanilla, se recibía un trato descortés. Los empleados públicos nos hacían sentir que nos hacían un favor en atendernos o en recibir nuestros documentos.
Personalmente recuerdo que cuando iba a hacer algún trámite a una institución pública, los empleados conversaban animadamente sin preocuparse de las personas que los observábamos impacientes delante de la ventanilla, pero que no podíamos reclamar porque entonces venían las represalias como por ejemplo, que se pierdan los documentos o alargar el tiempo del trámite de nuestro documento.
Otros más frescos, cerraban la ventanilla o su oficina, y se iban a tomar café, fumar cigarros, acompañados de interminables conversaciones en horarios de oficina.
Un papel protagónico ganado en los últimos tiempos en cuanto a vigilancia es la de hombres y mujeres de la Red de Promotoras y Promotores Comunitar@s de los Derechos de la Mujer, más conocidos como Red PRODEM. Ellos decidieron hacer vigilancia ciudadana a los Centros de Salud, Juzgados de Paz y Comisarías porque sintieron en algunos casos en carne propia el maltrato de las instituciones vigiladas, especialmente en los casos de víctimas de violencia familiar y abuso sexual infantil.
Esta vigilancia no la hicieron con el ánimo de incomodar al personal de las instituciones, sino de develarles el malestar que sienten las personas usuarias de los servicios por el maltrato que reciben y que lo comentan entre amigos y familiares, pero que no se atreven a decírselo a las autoridades, quizás porque no hay costumbre, quizás por temor a las represalias.
Lo cierto es que la Red PRODEM cuenta ahora con personas fortalecidas, que han aprendido a exigir sus derechos, a hacer cumplir las leyes. Han comprendido que los derechos no se suplican ni ruegan. Sin embargo, también han comprendido que tienen responsabilidades que cumplir, no sólo frente a las autoridades, sino frente a la sociedad civil.
Esperamos que las instituciones vigiladas cuyos resultados se han presentados públicamente y entregado los informes a las principales autoridades, genere en ellas un cambio positivo, un cambio que integre a las instituciones del Estado con la ciudadanía, que es el fin de la existencia de estas instituciones: Servir con calidad.
Sería conveniente que más organizaciones se sumen a realizar vigilancia ciudadana. No para lapidar a la institución, sino todo lo contrario, para que superen sus deficiencias y se fortalezcan. Confiamos que así lo entenderán las instituciones. Confiamos también en que la Defensoría del Pueblo realizará visitas inopinadas y monitoree el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las instituciones vigiladas.
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